Mecanismo de segunda oportunidad y la nueva directiva europea 2019/1023

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, comúnmente conocida como Ley de Segunda Oportunidad, permite a las personas físicas gestionar su estado de insolvencia a través de un acuerdo extrajudicial de pagos ajustado a sus posibilidades reales. De no alcanzar acuerdo, el deudor puede obtener la liberación de sus deudas y disponer de una nueva oportunidad para rehacer su vida económica.

– ¿Quién puede acogerse?

Cualquier persona física (particular, empresario o profesional) que se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente, con independencia de su nivel de ingresos, siempre cumpla los siguientes requisitos:

  1. La deuda no supere los 5 millones de euros.
  2. Sea deudor de buena fe, es decir, que no haya sido declarado culpable en concurso de acreedores, ni condenado por delitos económicos o sociales en los diez años anteriores así como que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.
  3. Que no haya obtenido el beneficio de exoneración dentro de los diez últimos años.
  4. Que no haya rechazado dentro de los últimos cuatro años una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
– ¿Cuál es el trámite a seguir?

En primer lugar, se intentará un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores para renegociar la deuda a través de un procedimiento de mediación con la intervención de un mediador concursal y tutelado por un juez. En dicho acuerdo se admiten quitas sin limitación legal y esperas de hasta 10 años.

En segundo lugar, de no alcanzar acuerdo, el mediador concursal interesará la apertura del concurso consecutivo y, finalizada la fase de liquidación, el deudor solicitará al juez la exoneración de las deudas que no resultaren satisfechas en dicho concurso.

– ¿Cómo funciona el beneficio de exoneración?
  • Vía directa. Se inicia al satisfacer todos los créditos contra la masa (aquellos que se generan como consecuencia del procedimiento) y los créditos concursales privilegiados, quedando liberado de todas las demás deudas, siempre y cuando haya intentado el acuerdo extrajudicial. Si no se demuestra que los créditos se intentaron pagar, se exigirá el pago del 25% de los créditos concursales ordinarios.
  • Vía diferida. El deudor que no puede afrontar el pago anterior, puede optar por comprometerse a cumplir durante 5 años un plan de pago se sus deudas. Si transcurrido dicho plazo, no puede cumplir dicho plan, podrá quedar exonerado de pagar las deudas.
– Caso particular de la deuda pública.

El crédito público podrá ser incluido en el plan de pagos aprobado judicialmente a efectos de su exoneración.

Nueva directiva europea 2019/1023 en materia de segunda oportunidad

La unión europea aprobó la Directiva 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia. Con el objetivo de eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales.

Puntos clave:
  •  Acceso a herramientas de alerta temprana: asesoramiento, incentivos hacia la advertencia al deudor de evoluciones negativas.
  •  Marcos de reestructuración preventiva:
    • Para evitar insolvencia y garantizar viabilidad.
    • Extrajudicial
    • Disponible a petición de acreedores y representantes de los trabajadores
    • Se podrán incluir pruebas de viabilidad
  •  Posible nombramiento de administradores en materia de reestructuración para negociar y elaborar el plan.
  • Suspensión de ejecuciones singulares para favorecer las negociaciones. Duración 4 meses, ampliable a 12 meses.
  • Prohibición de suspenso, resolución, aceleración o modificación de contratos esenciales para la gestión diaria de la empresa.
  • Planes de reestructuración:
    •  Sin voto de las partes afectadas
    •  Los deudores de pymes pueden no tratar a las partes afectadas como categorías separadas
    •  Medidas para acreedores vulnerables (pequeños proveedores)
    •  Planes adoptados por mayoría de los créditos de cada categoría de acreedores. Puede preverse mayoría específicas nunca superiores al 75%.
  •  Confirmación planes de reestructuración:
    • Confirmación de autoridades en caso de nueva financiación, disidentes afectados o pérdida de más del 25% del personal.
    • Introducción del concepto de “prueba del interés superior de los acreedores”. La novedad de dicha prueba es que ningún acreedor se vea perjudicado por un plan de reestructuración en comparación con la situación de dicho acreedor en el caso de la mejor solución alternativa si no se hubiese confirmado el plan de reestructuración.
  • Reestructuración forzosa. Vinculante para los disidentes cuando:
    • Aprobado como mínimo por una categoría de acreedores garantizados o de rango superior a los ordinarios o, en su defecto, al menos una de las categorías de voto, que no recibiría, o no cabría suponer que reciba ningún pago, si se aplicase el orden de prelación normal.
    • Se debe proteger a los disidentes y se da la posibilidad de aplicar la regla de prelación absoluta o la relativa, siendo la relativa una novedad no incluida en la legislación española.
    • La regla de prelación absoluta puede tener excepciones, como que los tenedores de participaciones mantengan determinados intereses, o en el caso de proveedores esenciales.
  • Los recursos se interpondrán ante una autoridad judicial superior contra resolución confirmatoria o denegatoria de un plan de reestructuración.
  • Nueva financiación y financiación provisional: Se crean protecciones adicionales como la imposibilidad de declarar nulo, anulable o inejecutable; imposibilidad de exigir responsabilidad civil, administrativa o penal a los prestatarios salvo en casos de mala fe, fraude o conflicto de intereses.
  •  Novedades en cuanto a exoneración de deudas de empresarios:
    •  Disminución del plazo máximo a 3 años (actualmente en España es de 5)
    •  Acumulación de procedimientos de insolvencia por deudas profesionales y no profesionales
    •  Traslado de exoneración de créditos de derecho público al arbitrio de los Estados miembros.