MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo)

El 17 de marzo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Las principales medidas económicas, sociales y mercantiles son:

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia o autónomos

Prestación: Prestación extraordinaria por cese de actividad del 70% de la base reguladora (calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la LGSS) o el 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, en el caso de no acreditarse el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Vigencia: Hasta el 14 de abril de 2020 o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma en caso de prolongarse más de un mes.

Requisitos:

  1. Afiliados y en alta en la fecha de declaración el estado de alarma.
  2. Si la actividad no se ha visto directamente suspendida, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75% en relación con el semestre anterior.
  3. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o pagar las cuotas pendientes en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

 

  • Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

Requisitos:

1. Vulnerabilidad económica. Cuando cumpla los siguientes requisitos:

  • En situación de desempleo, o en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (de al menos el 40%).
  • El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
    1. Límite de 3 veces el IPREM mensual.
    2. Límite anterior + 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar (incremento de 0,15 veces IPREM en familia monoparental.
    3. Límite i. + 0,1 veces el IPREM por cada mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  • En caso de miembros con discapacidad declarada >33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para actividad laboral, el límite será de 4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • En caso de deudor con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual o grado de discapacidad igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite será 5 veces el IPREM.

Se entenderá por unidad familiar: deudor, cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, hijos que residan en la vivienda (incluidos los vinculados por relación de tutela, guarda o acogimiento familiar) y cónyuges no separado legalmente o parejas de hecho de estos, que residan en la vivienda.

  • Cuota hipotecaria (más gastos y suministros básicos) resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Es decir, cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

2. Plazos.

Los deudores podrán solicitar al acreedor, hasta 15 días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual.

  • Ampliación de plazos en el ámbito tributario

 Ampliación de plazos hasta el 30 de abril de 2020 para:

  1. Deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración en periodo voluntario y ejecutivo.
  2. Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
  3. Plazos de subastas y adjudicación de bienes.
  4. Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria.
  5. Plazos para formular alegaciones ante actos de aperturas de dicho trámite o de audiencia de procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores, declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

Siempre y cuando no hayan concluido a la entrada en vigor del real decreto-ley, es decir, 17 de marzo de 2020.

  1. Ampliación de plazos hasta el 20 de mayo para todos los anteriores que se comuniquen a partir del 17 de marzo de 2020.
  2. Si el obligado tributario atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
  3. El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
  4. El plazo del apartado anterior no afectará a los plazos de prescripción del artículo 66 LGT ni a los plazos de caducidad.

NO SE ENTIENDEN SUSPENDIDOS LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS.

  • Medidas aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado 
  1. Celebración de sesiones de órganos de gobierno y de administración de asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, cooperativas y fundaciones por videoconferencia.
  2. Acuerdo de los órganos de gobierno y administración por escrito y sin sesión a solicitud de al menos dos de los miembros del órgano. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.
  3. El plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio social para la formulación de las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses desde esa fecha.
  4. En el caso de ya haber sido formuladas, el plazo de verificación contable (en casos de auditoría obligatoria) se prorroga por 2 meses desde la finalización del estado de alarma.
  5. La aprobación de las cuentas se hará en los 3 meses siguientes a la finalización del plazo de formulación.
  6. Posibilidad de modificación de lugar y hora previstos para celebración de junta o revocación de la misma. La nueva convocatoria deberá ser dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.
  7. El notario requerido para asistencia en junta general podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real.
  8. Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma.
  9. El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante el estado de alarma, queda prorrogado hasta 6 meses después de la finalización del mismo.
  10. En el caso de que, durante el estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta 2 meses tras la finalización del estado de alarma.
  11. En el caso de que, antes y durante la declaración del estado de alarma, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo para la convocatoria de la junta general de socios para adoptar el acuerdo de disolución de la sociedad se suspende hasta que finalice el estado de alarma.
  12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
  • Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del estado de alarma

Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.

  • Suspensión del plazo del deber de solicitud de concurso

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

  • Prórroga de la vigencia del DNI

Queda prorrogada por un año, hasta el día 13/03/2021, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real por el que se declara el estado de alarma.

La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.